PERIODISTAS ANTE LA SOCIEDAD

En atención al amable anónimo del post "El Gobierno del Tabú", por cierto, el único que ha tenido a bien atender mi demanda de participación popular, me voy a permitir un par de observaciones a cerca de la sentencia contra Federico Jiménez Losantos. Y me permito aclarar desde ya que no voy a entrar en lo polémico del personaje.
Ya lo dejé por escrito con motivo del caso de la demanda de Telma Ortiz en defensa de su vida privada, soy firme defensor de la libertad de expresión pero, con igual firmeza, defiendo que no se puede decir cualquier cosa y de cualquier forma. No es ningún descubrimiento ni aportación a la historia del pensamiento, que todo derecho y toda libertad debe tener sus límites. Y, sinceramente, creo que se hace una interpretación extremadamente generosa de la libertad de expresión, al menos en nuestra sociedad.
Amparándonos en que las opiniones son libres, podemos decir casi cualquier cosa de cualquier persona sin tener ningún temor a las consecuencias de nuestros actos. Y eso me parece muy peligroso. Sobre todo, porque hablar, incluso escribir, no cuesta nada y decir suele salir gratis. No quiero decir con esto que haya que implantar una suerte de censura previa, nada más lejos de mi parecer, pero sí creo que cuando alguien cruza los límites (y estos, sin duda, deben existir y estar lo mejor definidos posible) debe ser condenado al objeto de que no reincida, pero también para que nadie más se crea que decir es gratis. No puede serlo.
No son pocos los medios de comunicación y los periodistas que están en claro desacuerdo conmigo. Sin ir más lejos, esta misma semana escribía Fernando Sánchez Dragó (prototipo de sobrepasar los límites con donaire desde hace años) que los políticos están en la vida pública para aguantar todo lo que se les diga y que nunca deberían acudir a los tribunales. No puedo estar más en desacuerdo. Aceptar eso sería tanto como decir que los políticos deben aceptar de buen grado que los abofeteemos cada vez que tengamos ocasión. ¡Hombre no!. No termino de entender porque se le da más importancia a una agresión física que a una verbal, cuando pueden producir un daño igual de irreparable.
En el mismo diario El Mundo, la semana pasada, publicaron un editorial en el que iban más allá. Criticaban a fondo la sentencia por, entre otras cosas, dar mayor credibilidad a unos testimonios de la vista oral que a otros. Obviamente se referían a los testigos llevados ¡nada menos que por la defensa de Losantos! y que se volvieron en su contra ante su señoría. Argumento descabellado donde los haya. El acusado presenta unos testigos para refrendar su versión y en el momento de declarar respaldan las tesis del demandante, y El Mundo asegura que la juez no tenía que haberles dado credibilidad. Es la locura. No tiene sentido.
Volvemos a ver la inmensa importancia que las palabras tienen. El daño que pueden hacer según como se utilicen y el uso que se haga de ellas.
No tengo que apostillar, después de lo dicho, que estoy claramente a favor de sentencias como la que nos ocupa. No porque crea que hay que proteger a nadie, no porque tenga animadversión contra los periodistas. No. Porque creo que la convivencia en sociedad no sólo se ve amenazada cuando alguien agrede físicamente a otro, o cuando se roba. No. La convivencia en sociedad se ve deteriorada cuando cada uno puede decir lo que quiera sin temor a posibles consecuencias. Y cada vez son más los periodistas que alegan su "virtual" carné de prensa como si fuese una burbuja inviolable. Y no es así.